La responsabilidad sobre los terrenos contaminados de la antigua Zinsa vuelve al centro del debate en Cartagena. Cartagena Parque niega ser propietaria de toda la superficie afectada y sostiene que su responsabilidad debe limitarse a las parcelas que adquirió.

Según la información difundida por la empresa, Tomás Olivo adquirió en una subasta judicial 159.446 metros cuadrados de los aproximadamente 480.000 que ocupaba la antigua instalación industrial. Al intentar inscribir la compra en el Registro de la Propiedad, la mercantil afirma que comprobó que únicamente era titular de dos parcelas, correspondientes a las antiguas edificaciones de la fábrica. El resto continúa registrado oficialmente a nombre de Española del Zinc.

La empresa asegura que desconocía la superficie real y el estado de contaminación de los terrenos cuando realizó la operación. El asunto continúa judicializado en la vía civil, pendiente de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El conflicto se produce mientras vecinos y organizaciones ecologistas mantienen sus reivindicaciones para que se descontamine el entorno de Torreciega y El Hondón. La Comunidad Autónoma ya impuso a Cartagena Parque una sanción de dos millones de euros el pasado enero y, en agosto, le remitió un nuevo requerimiento con un plazo de tres meses para limpiar el suelo y vaciar las balsas.

La mercantil sostiene que estas balsas se encuentran fuera de las parcelas de su propiedad. Aunque afirma estar dispuesta a descontaminar los terrenos que le corresponden y a negociar con la Administración, rechaza asumir la responsabilidad sobre la totalidad del antiguo complejo industrial.

Cartagena Parque también comparte el principio de que quien contamina paga, pero argumenta que no debe responder por residuos situados en terrenos que, según su versión, no le pertenecen y que adquirió en 2019, más de diez años después del cese de actividad de la fábrica.