Una sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Cartagena ha declarado ilegales los decretos mediante los cuales la alcaldesa Noelia Arroyo accedió al cargo en 2021, tras otorgar competencias y retribuciones a concejales tránsfugas del PSOE.
La resolución estima que dichos decretos vulneraban el artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de octubre de 2020, que prohíbe otorgar cargos o mejoras económicas a ediles que abandonan su grupo político.
Ante este fallo, el portavoz de MC Cartagena, Jesús Giménez Gallo, ha reclamado la dimisión inmediata de la regidora y ha calificado los hechos como un “mercadeo político” y una “corrupción institucionalizada”.
El Ayuntamiento, por su parte, ha anunciado que recurrirá la sentencia, lo que abre una nueva batalla política en la ciudad. Una de las posibles consecuencias es que las multas y actos administrativos firmados por los concejales en cuestión entre junio de 2021 y julio de 2023 podrían quedar anulados, lo que supondría un impacto jurídico y económico para la corporación local.